Pasaron más de 80 días desde que los argentinos escuchamos las palabras del Presidente Alberto Fernández anunciando que, por el avance del coronavirus, comenzaba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo el país. La medida sanitaria fue sin duda acertada, pero ¿se tomaron las medidas necesarias para ayudar al sector productivo y a la economía Argentina?

El Gobierno Nacional presentó programas de asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad, a las empresas y a las provincias. Pero el verdadero problema surgió ahí, luego de idear esos planes, en la ejecución de los mismos. Para el famoso bono de 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que incluía trabajadores informales, monotributistas sociales y de las dos primeras categorías, personal doméstico y las personas que cobran la Asignación Universal, el Poder Ejecutivo estimó que se anotarían 3 millones de personas, pero finalmente lo hicieron más de 9 millones. Aquí el problema fue triple: la falta de estadísticas públicas que tiene el Estado que llevó a un mal calculo previo, la gran cantidad de dinero extra que el Banco Central tuvo que emitir para cubrir esta porción de la población y que, hasta fines de mayo, se le pagó recién la primera cuota a los 8.000.000 de beneficiarios.

La Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), cuyo objetivo era minimizar los cierres de empresas y que los trabajadores afectados tengan garantizado parte del salario, tiene un nivel de ejecución muy bajo. Según los números del Anses al 31 de mayo, la ATP llega al 56%, siendo 2.834.072 los beneficiarios. Además muchas de las pequeñas y medianas empresas que necesitaban una colaboración para pagar los salarios de sus empleados, encontraron muchas trabas burocráticas a la hora de solicitar este programa.

En un contexto extremadamente difícil, con baja en la recaudación por la caída de la actividad y con gran cantidad de gastos, la emisión monetaria por parte del Banco Central es la única fuente de financiamiento del Estado. Para tomar noción de esto, en lo que va del año el Banco Central financió al tesoro en $1,24 billones (se espera que supere los $2,2 billones en 2020). Si comparamos con 2019, el total de asistencia fue de $1,07 billones. Esta acción sin duda tendrá su efecto negativo a mediano plazo en los precios y en la estabilidad macroeconómica, sino se toman las medidas económicas que permitan absorber este exceso de emisión.

El economista y director Aerarium, Paulino Caballero, agregó un enfoque particular sobre la situación que estamos viviendo: ”Desde la implementación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el federalismo argentino se está viendo fuertemente erosionado por un nuevo factor que desbalancea la distribución de recursos a favor del Gobierno Nacional, como ser el financiamiento monetario del BCRA. Si bien no constituye un gravamen coparticipable, la magnitud y relevancia alcanzada por dicha fuente de financiamiento debería obligar al Gobierno Nacional a incluir en la distribución a provincias y municipios, en un contexto de caída vertical en la recaudación y ausencia de instrumentos alternativos de financiamiento para ambos niveles de gobierno”.

Gran parte de las provincias están volviendo progresivamente a reactivar sus comercios e industrias, pero la paralización total que sufrió el sector productivo junto a la mala implementación de las medidas de asistencia económica para contrarrestar este momento dejan a gran parte de la sociedad en jaque. Los indicadores de actividad económica y productiva muestran caídas sin precedentes desde que se tenga registro.

Sin lugar a duda, al mundo, pero en especial a la Argentina, le esperan meses difíciles por delante. Es ahí, en esos momentos complicados, donde como Nación tenemos una gran oportunidad para salir adelante, pero la clase política debe marcar ese camino. Un rumbo claro, donde se dejen de lado todas las mezquindades y se establezcan políticas de Estado pensando solamente en el bien común de todos los argentinos.

¿Seremos capaces de eso?