Desde hace varias semanas escuchamos, leemos y vemos que se está hablando del Impuesto a la Riqueza, o como el oficialismo quiere llamarlo, Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas. Este proyecto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, afecta profundamente al sector empresario y productivo nacional porque deberán pagar un nuevo impuesto por sus activos y porque se superpone con otro tributo que ya existe, como el de Bienes Personales.

Argentina tiene en la actualidad 165 impuestos, esto lo convierte en el país con mayor carga tributaria, una cuestión que no genera ni confianza ni inversión y desalienta la producción. El nuevo gravamen que el oficialismo presentó para generar una recaudación extra para este momento de emergencia plantea varias incógnitas: ¿por qué el proyecto llegó al Congreso una vez que los argentinos no estamos más en “Cuarentena”? ¿Se trata ahora en el Congreso por que los políticos consideran que desde este mes la sociedad está en emergencia? ¿Por qué lo que se recaudará no apareció en el Presupuesto 2021? ¿Será extraordinario este nuevo impuesto como se plantea en el proyecto, o llega para quedarse como sucedió con el impuesto al cheque?

El proyecto afecta al sector empresario y productivo nacional porque deberán pagar un nuevo impuesto y porque se superpone con otro tributo existente (Bienes Personales).

Como verán muchas son las preguntas que nos podemos hacer si revisamos esta Ley que empezará a tratarse esta semana en el Senado, pero también fuimos teniendo varias certezas por parte de los empresarios y productores nacionales que estos días dieron a conocer su opinión. Los dueños de las principales empresas argentinas, reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), señalaron: “El proyecto genera un desaliento en la comunidad empresarial por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales. El proyecto afecta la propiedad privada al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes como el de Bienes Personales. Incrementa así muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio”. En este mismo sentido, el economista y ex Ministro de Economía, Hernán Lacunza, explicó que, como está redactada esta ley si se aprueba sin cambios “no se va a descontar el capital de trabajo”, como “los tractores, los campos o los ahorros en bonos”. En definitiva se estaría castigando al que produce, porque el impuesto al patrimonio en nuestro país ya existe.

Con un país sumergido en una grave crisis, el oficialismo cree que el camino para “poner a la Argentina de pie” es elaborando o aumentando los impuestos, porque en lo que va de esta gestión ya van 14 tributos que se aumentaron o se crearon. Argentina necesita que el sector privado sea el actor determinante para que se pueda retomar la senda del desarrollo económico sostenido que hace décadas no tenemos. Las empresas, las pymes, el campo y el entramado productivo deben ser los protagonistas para obtener las divisas que permitan mover la economía, generar empleos y realizar las inversiones vitales. El Estado tiene que dejar de poner palos en la rueda con leyes como esta, que lo único que genera es incertidumbre y desconfianza.