Frente al lanzamiento de la iniciativa de la Defensoría del Público surgieron las dudas sobre la legitimidad que puede llegar a tener un organismo gubernamental a la hora de cumplir sus objetivos sin atentar contra la libertad de expresión.

“Primer paso hacia el Ministerio de la verdad”, lanzaron desde una de las orillas de la grieta. “Un observatorio que trabajará en la detección y verificación de la información” afirman los otros, quienes han impulsado el controvertido proyecto Nodio, desde el otro lado del holgado río que separa a ambos. La iniciativa fue lanzada por la Defensoría del Público con un objetivo que se presume legítimo como la protección de la ciudadanía frente a las noticias falsas pero que no parece poder cumplir con dicha finalidad por provenir de un organismo del Estado. Todo ello, sumado a las dudas que siembran algunos conceptos como la “desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas”, tal como se presentó el proyecto, hacen de Nodio una iniciativa que en un país normal tendría fecha de vencimiento inmediata.

Pese a la concepción de gobierno paternalista que predican varios miembros del oficialismo resulta un tanto ofensivo subestimar las capacidades de la ciudadanía en eso de necesitar una protección suprema frente a la desinformación. Es evidente que las sociedades modernas deben tener un mayor cuidado frente a las noticias falsas pero ya existen diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan (y lo hacen realmente muy bien) en materia de capacitación e investigación sobre esta otra pandemia, como el caso del proyecto Desconfío, por citar un ejemplo de ello. Es evidente que a todos nos preocupa el creciente fenómeno de la desinformación y más aún en estos tiempos de incertidumbre. “Así como el coronavirus mata personas, las noticias falsas también” afirmaba hace unos días el periodista español especializado en la temática Marc Amorós. Y tiene razón. Desde personas que han dañado su salud por falsos remedios hasta los severos malestares en el plano de la psiquis humana, negar el gran impacto que han tenido las fake news en este contexto también es de necios. Desde ya que esta problemática tiene que ser abordada de manera integral pero no parece ser tarea de ningún gobierno en particular el hecho de llevar a cabo esa tarea.

Comprendiendo la actual polarización política argentina y, frente a cuestiones de desinformación, se necesita una suerte de Pacto de la Moncloa de todos los actores políticos del país, basado en dos pilares: la protección del derecho de la libertad de expresión y el respeto del ejercicio del periodismo para todos, sin excepciones. Sin estos dos principios sustanciales -y esenciales para cualquier democracia republicana- difícilmente se pueda combatir realmente la desinformación y seguiremos apelando, en el mejor de los casos, a la estrategia más cercana que tenemos para hacer frente a esta otra pandemia de manera individual (audiencias más entrenadas que cuenten con una mayor alfabetización mediática para poder distinguir lo verdadero de lo falso (tarea más que ardua de lo que se presume)) y, en el peor, a este tipo de experimentos exóticos en los que se percibe cierto tufillo a establecer un criterio único de opinión. En sintonía con esa primera premisa parecen ir las palabras del periodista Alejandro Katz, hace unos días en Perfil: “Combatir las fake news es una utopía”.

Desde el vamos, el proyecto desnudó falencias por quienes integraron el panel de presentación. Dejando de lado a la periodista Adriana Amado -quien realizó las aclaraciones pertinentes sobre su participación como invitada a una mesa donde se expresaron diversas posiciones-, todos los individuos que formaron parte de la presentación tienen un fuerte apego a las políticas impulsadas por el actual Gobierno, algunos de ellos incluso formando parte activa del mismo. En ese sentido, se devela un interrogante casi de forma inmediata respecto de quién establecerá cuales son los criterios para desarticular las estrategias argumentativas o detectar las noticias maliciosas cuando éstas encuentren su origen en integrantes del propio oficialismo. Para combatir la desinformación la discrecionalidad no parece ser una gran aliada, más aún cuando existe una creciente sospecha respecto a que muchas veces son los propios gobiernos, valiéndose de la utilización de trolls, los que insertan las fake news en el ecosistema informativo. Habrá que ver cómo actúa Nodio ante dicho escenario. Pero, en definitiva, si realmente lo que se quería era hacer algo por la ciudadanía se debió considerar la convocatoria a aquellos periodistas que no militan -concepto siniestro si los hay para definir la tarea periodística- con las mismas ideas oficialistas para brindar una mayor amplitud ideológica, aquellos periodistas que tienen una gran audiencia que excede el horizonte de los medios oficialistas.

Para combatir la desinformación la discrecionalidad no parece ser una gran aliada, más aún cuando se sospecha respecto a la injerencia de son los propios gobiernos, valiéndose de la utilización de trolls, para insertar las fake news en el ecosistema informativo.

En otro sentido, Adepa expresó su preocupación respecto de qué un organismo público se inmiscuya en este tipo de cuestiones, las cuales definió como un “método sutil de disciplinamiento”. Sobre ello, será interesante saber quién establece qué es (y que no es) periodismo de calidad. Como ocurrió con el ciberpatrullaje o CuidAr, el gobierno repite una vieja fórmula en donde los objetivos parecen estar a la vista de todos pero en donde la metodología o la implementación se percibe un tanto difusa. Más aún para un gobierno que tiene varios integrantes que llevan en su genética ese deseo de ejercer cierto control sobre el periodismo. O al menos eso demostraron cuando gobernaron a comienzos de la década pasada.

Este experimento también interpela de manera equívoca el concepto de libertad de expresión. La Constitución Nacional garantiza la libertad de prensa sin censura previa y existen innumerables leyes que regulan sobre esta temática. Pero qué ocurriría si algún informe de este Observatorio, utilizando la bandera de la libertad de expresión pero con alguna trama oculta política de fondo, acusa a tal o cual periodista de incurrir en prácticas desinformativas sin reales pruebas de ello. Pese a no tener capacidades punitivas, tal como reconocieron integrantes de la iniciativa de la Defensoría del Público, ¿no constituye algún tipo de censura por parte del Estado, entendiendo que los informes y la rendición de cuentas de Nodio serían públicos, respetando la normativa vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública? ¿Dónde queda entonces el derecho de la libertad de expresión si llegaran a existir algún tipo de críticas a periodistas por informes del Observatorio respecto del accionar de algunos colegas? 

En todo el mundo los políticos utilizaron el concepto de Fake News para denostar aquello que lo incomoda, con Donald Trump como MVP en la materia. Salvando las distancias, nuestro país parece no ser la excepción. En ese sentido, Nodio surge, impulsado por el propio gobierno, como un propio instrumento que no pareciera del todo legítimo que podrá desacreditar aquellas verdades que puedan resultar incómodas. Previo a su concepción se debió haber reflexionado un poco más sobre los riesgos que tiene que un organismo del Estado se entremezcle en este tipo de cuestiones sin dejar en claro cuáles serán sus fundamentos básicos y su accionar. En definitiva, lo que debió haber buscado el gobierno es garantizar la libertad de expresión y no encontrar el uso de este tipo de herramientas para, de alguna u otra manera, restringirla.