Hace algunas semanas, un conjunto de senadoras del oficialismo encabezaron una nueva cruzada contra los medios de comunicación con la divulgación de un controvertido proyecto de ley que propone un control de convencionalidad para las prisiones preventivas. En el texto se establecía la anulación del proceso cuando el imputado cree que la difusión en los medios de comunicación tuvo incidencia en su causa. La letra chica del proyecto habla de acusados por hechos de corrupción, como para dejar los tantos bien aclarados desde el vamos.

Es decir, si subjetivamente el acusado por corrupción entiende que hubo una condena previa por influencia de los medios de comunicación, la prisión preventiva podría quedar anulada. O dicho de otro modo, si los periodistas informan sobre esas polémicas causas y el juez dicta la preventiva, el acusado puede pedir su liberación. Así, el proyecto presentado no busca más que limitar el accionar periodístico, incluso prohibiendo la divulgación de contenido que figura en el propio expediente y proteger a propios frente a la avanzada judicial en estos delicados temas. Eso, aquí y en todos los países que se respira la democracia es censura, sin más rodeos.

En tierras de picaros y vivos criollos, perfectamente los corruptos podrían utilizar las redes sociales para difundir información falsa y premeditada, que luego será levantada por los medios de comunicación, quienes, en muchos casos, brillan por su ausencia a la hora de chequear la información. De ese modo, amparados en el aura de la subjetividad, sus casos estarían blindados ante la Justicia. Ya lo decía ese inoxidable refrán: “hecha la ley, hecha la trampa”. Sino pregúntenle al Embajador-Diputado-Embajador, Daniel Scioli.

La defensa de una de las autoras del proyecto habla de “regulación del uso abusivo que se hace en los medios de la información judicial”. Regulación y medios en la misma oración evidencian una escalofriante declaración de intenciones. Bajo esa premisa se garantiza impunidad al corrupto, en contraposición a esa avanzada judicial. Todo ello, amén de que el proyecto es claramente inconstitucional porque atenta de forma directa contra la Constitución Nacional y su artículo 14 y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros textos normativos que transgrede.

La instalación de este tema en la agenda resultó innecesaria, habiendo tantas urgencias de índole socioeconómicas que tratar y cosas más relevantes, en materia parlamentaria, en las que afinar la puntería. Estas iniciativas solo le generan un mayor desgaste al presidente, quien hace algunos días tuvo que salir a apaciguar las aguas respecto de los testimonios de funcionarios de su propio Frente sobre los presos políticos. El fuego amigo a veces despelleja más que el enemigo.

Al igual que ocurre con la Justicia, el Gobierno no pretende atacar directamente a la prensa, sino que busca desgastarla, poniendo en tela de juicio su deteriorada credibilidad y transparencia. No pretenden un ataque frontal sino que apuntan a menoscabarla, colocando la mira en cuestiones colaterales. En clave aristotélica, embiste contra lo accidental para erosionar lo esencial. En ese sentido va este proyecto. Un texto que solo busca fomentar la autocensura y quitarle algunas herramientas valiosas al periodismo de investigación, atributo inescindible de la profesión que, en nuestro país ha hecho escuela y ha tenido una vasta historia con logros y distinciones a nivel internacional. Nuevamente roguemos que prime la cordura y que no se apruebe este disparatado proyecto que, como dijo la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, “busca desincentivar la labor periodística, reducir los niveles de transparencia y, en definitiva, favorecer la impunidad”.