A fines del año 2015, @CasaRosadaAr dio el primer cimbronazo. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner finalizaba y la cuenta institucional verificada de la Casa Rosada en twitter declaró su amor incondicional al matrimonio de los Kirchner. “Twitter tributo a las Presidencias Nestor Kirchner y Cristina Kirchner 25 de mayo 2003 al 10 de diciembre 2015. No es oficial al 10/12/2015” remarcaba en su biografía la cuenta que siempre se destacó por publicar imágenes y contenido a favor del gobierno kirchnerista y en contra de la oposición de aquel entonces. Por suerte, Twitter tomó cartas en el asunto y le quitó su insignia de verificación. Aquella vez ya se había mostrado la hilacha.

Hace unos días, en sintonía con aquella repudiable práctica de apropiarse de las cuentas institucionales de las administraciones públicas, el perfil de twitter del Senado publicó un comunicado en su página oficial en la que desmiente una noticia publicada por el diario La Nación. “Una vez más, LA NACIÓN engaña a sus lectores” suplica la cuenta oficial de la Cámara Alta (@SenadoArgentina) acompañada de un texto en el que se realiza una defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En un mundo donde las redes sociales tienen un creciente e innegable impacto en la vida diaria de las personas, apoderarse de la cuenta del Senado es un claro acto de atropello. Estos perfiles deben estar diseñados con un protocolo de acción en el que se trabaje con un claro enfoque institucional como canales de comunicación y apartándolo de cualquier uso personal de quienes presiden circunstancialmente los organismos. Incluso más, los senadores y diputados, como así también los miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, deberían utilizar sus redes sociales personales para emitir este tipo de comunicaciones. Resulta sorpresivo el uso en defensa de la Vicepresidenta desde la cuenta del Senado que tiene poco más de 239.000 seguidores, cuando la propia Cristina tiene en su twitter (@CFKArgentina) tiene casi 6 millones de seguidores.

Existen varios documentos escritos al respecto como también jurisprudencia en materia de malos manejos en redes sociales de administraciones públicas, desde aquella pionera Sentencia 0083/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (España), que condenaba al Presidente de la Junta de Comunidades de dicha región, Emiliano García-Page por usar el twitter oficial del Gobierno de la región centro de España para hacer política. “No se puede hacer política en las cuentas institucionales” y “utilizar el perfil oficial del Gobierno supone una ventaja que rompe con la necesaria neutralidad de los medios públicos” son algunos de los argumentos del texto.

Esta particular circunstancia reactiva un debate tuitero que aflora las constantes tensiones que existen a la hora de controlar la información que emiten los perfiles institucionales. Las cuentas en redes sociales de las administraciones públicas son canales de comunicación que deben ocuparse de brindar información de servicio público relevante para los ciudadanos y no dedicarse a emitir opiniones de tinte político. Como indica el informe presentado por la Contraloría de Chile –la entidad fiscalizadora superior de Chile que tiene rango constitucional–, “las redes sociales de instituciones públicas son bienes institucionales, lo que acarrea una serie de responsabilidades y debe respetar normas de buen uso similares a las de cualquier otro organismo público”.

El repudiable uso que se hizo desde la cuenta del Senado solo tiende a evidenciar cierto desprecio por las instituciones y a desacreditar a dichas cuentas ocasionándole un daño que se vuelve irreversible, como ocurrió con el caso mencionado de la Casa Rosada. La separación de lo personal de lo institucional es una premisa indispensable para el correcto accionar y trabajo de las redes sociales de organismos públicos. En el caso del Senado, la gravedad es mayor dado que es un cuerpo colegiado en el que conviven diferentes posiciones y debe funcionar como tal, tanto en las sesiones como en el mundo digital.